Ciudad de México. - Las personas de la comunidad LGBT+ que están en prisión pierden su libertad, pero eso no significa que también deban perder sus derechos a la educación, la seguridad y al trabajo, consideró la senadora Patricia Mercado. 

En este sentido, la legisladora de Movimiento Ciudadano dijo que es fundamental impulsar políticas públicas para garantizar, no sólo la reinserción social de este sector de la población, sino sus derechos fundamentales. 

Dijo que la guía de incidencia para reducir prácticas discriminatorias hacia las personas LGBT+ privadas de su libertad, puede convertirse en un modelo que ayude a los congresos locales a establecer en la legislación garantías para asegurar el derecho a su reinserción social.  

“A nosotros, como legisladores, no nos toca hacer diagnósticos, sino, recoger estos diagnósticos y actuar en términos del marco legislativo, para hacer que funcionen estas políticas con reconocimiento absoluto de los derechos humanos”, indicó. 

De igual forma, agradeció a la organización civil “CEA Justicia Social”, por presentar esta ruta de incidencia, así como a la embajada de Canadá por apoyar este proyecto.  

Azucena Granados, coordinadora de Políticas Públicas de “CEA Justicia Social”, indicó que esta guía tiene como objetivo visibilizar las problemáticas que enfrentan las personas LGBT+ en su contacto con el Sistema de Justicia Penal. 

También destacó que este proyecto se ha construido desde hace más de tres años, con el apoyo de Fondo Canadá. 

Marko Popic, director de Seguridad de la embajada de Canadá en México, subrayó que esta iniciativa logrará avances significativos y ayudará a crear un entorno más seguro e inclusivo para las personas LGBT+ privadas de la libertad, sobre todo, de la comunidad transgénero. 

Además, explicó que a través del Fondo Canadá para iniciativas locales, el gobierno de ese país une esfuerzos con la sociedad civil, para apoyar propuestas que son relevantes para la protección de los derechos humanos. 

Wendy Briceño Zuloaga, Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Sonora, reconoció que con esta propuesta se hace una incidencia importante para la agenda de derechos humanos de poblaciones LGBT+ privadas de la libertad. 

Sin embargo, mencionó que todavía hay retos muy importantes para este sector de población, ya que, en México, de acuerdo con una encuesta de diversidad sexual, cuando se habla de personas gays, lesbianas o bisexuales, a 16 por ciento de sus familiares, les cuesta aceptar esta orientación y, en el caso de las personas trans, este porcentaje asciende hasta 22 por ciento.